Las irregularidades detectadas no conllevan sanción alguna.
Hacienda sigue barriendo la provincia en busca de nuevas construcciones, reformas o cambios de uso de inmuebles que eran invisibles a efectos tributarios.
En las dos primera fases del plan de regularización catastral, la Dirección General del Catastro ha hecho brotar, aproximadamente, 56.000 inmuebles que se habían escapado del fisco porque, ni sus propietarios ni el ayuntamiento de turno los habían dado de alta.
Después de haber cubierto los principales núcleos poblacionales, se están centrando en los pequeños municipios de la Axarquía, entre ellos Nerja.
Las irregularidades de mayor calado son las construcciones de nueva planta. Se trata de los fraudes de mayor envergadura, pero no los más numerosos. A la cabeza se encuentran las ampliaciones y rehabilitaciones, otro tanto por ciento responde a reformas y cambios de uso y el restantes a la construcción de piscinas.
Las consecuencias de esta regularización son considerables, ya que el consiguiente incremento del valor catastral de la propiedad tiene su repercusión en impuestos cuya cuantía se fija en función del catastro, tanto estatales, como autonómicos y municipales.
Los dueños de estas construcciones se están encontrando en el recibo del IBI con una subida media de 226 euros por inmueble, a los que hay que sumar otros 518 reclamados en concepto de atrasos de los últimos cuatro años.
No todos los titulares pagan por igual, ya que el importe varía en función del tipo de fraude. Lo que sí tienen que abonar todos por igual, son los 60 euros que, la Dirección General del Catastro, cobra como tasa para cubrir los gastos de los servicios realizados.
Desde el Catastro anuncian que la irregularidad detectada no conlleva sanción alguna, aunque sí que puede ser utilizada por los ayuntamientos y las administraciones autonómicas para penalizar obras ilegales.
