Las obras que se realicen, por contrata o por los ayuntamientos, deberán contar con al menos un 30% de desempleados de la provincia.
El Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles de la Diputación de Málaga para 2016, que estará dotado con 24,4 millones de euros y que se distribuirá entre los 103 municipios de la provincia, incluye medidas para fomentar la contratación de personas en desempleo.
Una de las novedades más importantes, para favorecer el empleo, es que el 30 por ciento de las personas que vayan a trabajar en las obras financiadas por el mencionado plan deberán estar en paro.
Al respecto, María Francisca Caracuel, diputada de Economía, Hacienda y Relaciones Institucionales y portavoz del grupo del PP en la Diputación de Málaga, ha destacado que, generalmente, los planes de inversión contribuyen a generar riqueza y empleo. Pero este año, el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles da un salto cualitativo y va más lejos, porque establece la obligación de generar nuevos puestos de trabajo.
Así, ha explicado que, en el caso de ejecución por parte del Ayuntamiento, al menos el 30% del personal empleado para la ejecución de las obras deberá corresponder a personas desempleadas. Igualmente, en el caso de ejecución por contrata, en el pliego de las cláusulas debe indicarse que la empresa adjudicataria está obligada a la incorporación en la obra adjudicada de, al menos, un 30% de personas en paro.
A partir de ahora, los ayuntamientos tienen que presentar a la Diputación, antes de primeros de abril, las actuaciones que pretenden llevar a cabo dentro de este plan de inversiones. Una vez que la institución provincial verifique que se ajustan a los criterios del plan, se da luz verde para que los municipios redacten los proyectos.
Las actuaciones que se incluyan en este plan tienen que cumplir unos requisitos como que la vida útil de la inversión no debe ser inferior a cinco años. Además, cada entidad podrá presentar un máximo de tres proyectos, y cada proyecto tendrá una cuantía mínima de 15.000 euros.
Se pueden realizar inversiones en ordenación del tráfico y del estacionamiento, vías públicas, parques y jardines, protección del patrimonio histórico-artístico, carreteras, caminos vecinales, saneamiento, abastecimiento de agua y rehabilitación y reparación de infraestructuras o inmuebles.
