Desde el Partido informan que "los nerjeños deben saber que se exponen al pago de más de 9 millones de euros".
El partido Progresista Nerjeño pide la creación de una comisión de investigación que estudie todo el asunto de Castillo Alto, ya que lo consideran grave y si de sus conclusiones se derivasen indicios de comisión de cualquier delito penal, solicitan que se pongan en conocimiento de los tribunales de justicia y además que se les dé máxima difusión pública.
También solicitan la paralización de cualquier proceso de indemnización y que se proceda a dar cumplimiento a los fallos de las sentencias. Según el PPN «Nerja no puede ni debe asumir las consecuencias de tan desastrosa gestión de los anteriores grupos de gobierno. De asumir las indemnizaciones supondría la bancarrota del Ayuntamiento».
Los escritos registrados en el Ayuntamiento en el 2010 por parte del PPN en el que solicitaban la paralización de todas las actuaciones que se venían realizando, a los que se contesto según los progresistas «de una forma que estimamos prepotente» que no se iban a revisar por parte del anterior Alcalde, Alberto Armijo, amparándose en dos informes presentados por la técnica municipal María Victoria Pezzi Cristóbal, los cuales venían a decir que todo estaba bien y que el expediente de reparcelación era correcto.
Ante esto, hoy se preguntan desde el Partido Progresista, si todo era correcto dónde está el por qué de los actuales líos judiciales, si se cometieron negligencias en la redacción de sendos informes o hubo, por el contrario, presiones y recomendaciones políticas que condicionaron la redacción de dichos informes.
Ciudadanos, en su escrito del 2015, solicitaron un informe técnico relacionado con el entramado judicial en el que está inmerso el PA-2 y que se paralizara el pago de cualquier indemnización.
Esta es y fue en cierto modo la propuesta del PPN ya que, nunca estuvieron de acuerdo con el desarrollo del PA-2 por lo pernicioso que resultaba para los intereses del conjunto de los nerjeños
En ambos escritos se aportaba suficientes argumentos como para haber procedido a la revisión del PA-2 y de esta forma el Ayuntamiento se habría ahorrado el proceso judicial que ha seguido a la aprobación del mismo. «Somos de la opinión de que las cosas no se hacen porque sí y en este caso habría que buscar las motivaciones que movieron y siguen moviendo a los implicados para actuar de la forma que lo hicieron y vienen haciendo» declaran.
Ante todo ello desde el Partido Progresista se preguntan por qué no se han cumplido estas sentencias y el Ayuntamiento ha optado por indemnizar si ninguna de estas le obligan a hacerlo.
Según les han comunicado, el técnico de urbanismo aboga por la anulación del este proyecto de reparcelación, y se preguntan por qué no se hizo cuando lo sentenció un juez o cuando ellos lo solicitaron.
Y si la decisión de considerar imposible de cumplir la sentencia de anulación fue exclusivamente técnica o mediaron recomendaciones políticas en este sentido.
También se preguntan qué técnicos intervinieron en el proceso de argumentación de esta decisión y si se ha investigado o se va a investigar la existencia de algún delito o delitos por tráfico de influencias o por prevaricación.
