El concejal afirma que desconocía la ilegalidad del vertedero.
El Juzgado de Instrucción nº 1 de Torrox, en el marco de la operación «Rubbish», es el encargado de investigar sobre el presunto fraude de más de 2.500.000 de euros en el vertedero ilegal de Río de la Miel, en un caso en el que se investiga a 35 personas por los supuestos delitos contra el medio ambiente y recursos naturales, falsedad documental, estafa, pertenencia a grupo criminal, prevaricación medioambiental omisiva, y prevaricación administrativa.
El pasado lunes, día 4, compadeció ante el juez el actual concejal de Medio Ambiente, Jorge Bravo, que declaró que no tuvo conocimiento de la ilegalidad del vertedero hasta agosto de 2016, cuando se reunió con responsables de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta.
Bravo, al igual que Rosa Arrabal, se ratificó en lo que ya declaró a la Guardia Civil el pasado junio.
Asimismo aseguró no recibir un escrito de denuncia presentado por Agreca en el que se alertaba de la ilegalidad del vertedero, sñalando a un letrado municipal como responsable.
En los próximos días también tendrán que pasar por el juzgado José Alberto Armijo y Nieves Atencia.
