Los presuntos delitos que se investigan son falsedad documental, contra el Medio Ambiente o pertenencia a banda organizada.
El pasado mes de septiembre la Guardia Civil, por medio el Seprona, se presentó en el vertedero ilegal del Río de la Miel. Tras esta inspección, se destaparon numerosas informaciones sobre el funcionamiento de dicha instalación.
Desde el año 2000 el Partido Popular mantuvo que estaba «autorizado» por la Junta de Andalucía. Incluso, el entonces concejal de Medio Ambiente del PP, José Miguel Jimena, afirmaba en declaraciones que «el vertedero estaba totalmente controlado y autorizado».
Aunque durante todos estos años se presentaron numerosas denuncias de vecinos, así como desde distintas formaciones políticas y ecologistas, la respuesta del equipo de gobierno fue siempre que «todo estaba bien».
José Alberto Armijo recientemente manifestó que el vertedero «era conocido y consentido», sin recordar que la Junta de Andalucía abrió por ello un expediente sancionador.
Hace dos meses, tanto Ministerio Fiscal como la Guardia Civil, solicitaban al Ayuntamiento de Nerja toda la documentación que hubiese sobre el mismo. Por este motivo, en estos días han sido llamados a declarar en torno a 11 empresarios de la localidad.
Los delitos que presuntamente se investigan son, entre otros, falsedad documental, contra el Medio Ambiente o pertenencia a banda organizada.
Pocos datos se conocen más, dado que la investigación está bajo secreto de sumario.
