Viernes ,5 de junio de 2020
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Anulado un expediente abierto a dos policías locales de Nerja

El SIP-AN denuncia el acoso que sufren desde hace cinco años sus afiliados desde la dirección de la Policía.

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 5 de Málaga ha dictado una sentencia en la que anula un expediente incoado a dos policías locales de Nerja, miembros del Comité Ejecutivo de la Sección Sindical del SIP-AN, que fueron suspendidos de empleo y sueldo durante 12 días.

Los motivos por los que el Jefe de Policía abrió el expediente a los agentes fue por ‘la queja formulada por unas vecinas por recibir un trato vejatorio y la falta de diligencias a prevención en un accidente de circulación con daños materiales sin heridos’, explican desde el Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN).

A pesar de que los tribunales han invalidado todas las sanciones disciplinarias aplicadas a policías afiliados al sindicato, éstos denuncian ‘una presión constante’ desde hace cinco años por parte de la dirección de la Policía Local de Nerja, principalmente hacia sus representantes y ejecutivos. ‘Consideramos de vital importancia la desestimación de esta última interpuesta por el Ayuntamiento de Nerja a sus policías, teniendo que restituirles sus ingresos íntegros quedando pendiente que puedan ejercer el derecho a una reclamación por daños causados a su imagen pública’, añaden.

En la sentencia, la jueza recoge que el Jefe del Cuerpo se extralimitó en sus funciones, ‘induciendo a los testigos en el sentido de la declaración, aportándoles datos novedosos que los testigos desconocían’ y además defiende que los ciudadanos no recibieron un trato vejatorio y no se realizaron diligencias a prevención, ‘pues en función de una instrucción del propio Jefe del Cuerpo, es la Unidad de atestados la que tiene estas funciones’, matiza.

Por todo ello, el SIP-AN pide al alcalde y Jefe directo de la Policía Local, José Alberto Armijo, que ‘depure responsabilidades tras estudiar las sentencias, que no dejan lugar a dudas sobre las irregularidades cometidas por el Instructor de las mismas’. También solicitan que no quede impune ‘el despilfarro’ que han supuesto todos estos procedimientos judiciales a las arcas municipales, a los ciudadanos y al bienestar de numerosos agentes que han tenido que pedir el traslado a otros municipios.

 

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