Armijo cree que no habrá reproche legal.
El Juzgado número 15 de lo Penal de Málaga ha iniciado el juicio en el que está encausado, entre otros, el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, por el caso del vertedero de escombros del Río de la Miel.
Tras prestar declaración, se ha mostrado convencido de que no habrá reproche penal, así lo ha manifestado señalando que «tras el juicio se confirmará la inocencia de la que hoy disfrutamos. Lo dije en el año 2017 y lo repito ahora, en el 2022».
Armijo ha reiterado que su comportamiento político en este asunto difícilmente puede considerarse conducta delictiva. «En el año 1998 autoricé que se descargaran escombros en la antigua cantera para que el entonces explotador los utilizara en los trabajos de restauración», declara.
Una vez el explotador abandona la cantera sin realizar los trabajos de restauración y devolviéndole la Junta de Andalucía la fianza, el Ayuntamiento pone en marcha la tramitación administrativa para obtener la autorización de la entonces Confederación Hidrográfica del Sur para restaurar la cantera con materiales inertes, previo encargo a la Diputación de Málaga del informe ambiental que sirvió de base para obtener dicha autorización, y con el consiguiente acuerdo de los empresarios que han venido gestionando el vertedero hasta el cese de la actividad.
En ese sentido, señala que la conducta de estos empresarios en la gestión de los vertidos no hace sino confirmar que no han existido riesgos o peligros graves contra el medio ambiente, ni contaminación, tal y como reconoce el SEPRONA.
Además, Armijo ha recordado que el Ayuntamiento siguió también las indicaciones del Plan Provincial Director de Residuos de la Construcción de la Diputación de Málaga de 2001, que recomendaban que dichos materiales se debían llevar a las canteras sin restaurar, y especialmente ha destacado que la normativa del Parque Natural de Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama permite en su ámbito escombreras y vertederos incontrolados en tanto en cuanto existiera en la Comarca de la Axarquía una planta de transferencia o vertedero controlado, cosa que no ocurre hasta abril de 2015.
Respecto a los diferentes expedientes sancionadores que la Junta de Andalucía incoó al Ayuntamiento, ha recordado que todos terminaron archivados sin ninguna sanción.
Finalmente resalta que, ni él ni la concejala de Medio Ambiente, Nieves Atencia, tuvieron conocimiento por parte de la entonces Junta de Andalucía de la existencia de informes que alertaran de riesgo o peligro para el medio ambiente, cosa que sí sabían los políticos y funcionarios de la Delegación de Medio Ambiente, quienes, conociendo dichos informes y su contenido, mantuvieron una actitud omisiva, totalmente pasiva.
En este caso de juzga también a seis empresarios del sector de la construcción de la zona. Para todos ellos el fiscal pide una pena de dos años de cárcel y 18 meses de inhabilitación, así como el pago de multas de 7.300 y 18.250 euros, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.