A pesar del daño ecológico, no aprecia responsabilidad penal.
Esta causa se inició tras las denuncias por parte de un empresario hostelero de Nerja y de Ecologistas en Acción referentes a vertidos de aguas residuales al mar y a la supuesta falta de cumplimiento de las normativas existentes en depuración en dicha localidad
Ahora, la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga ha pedido el archivo provisional de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox, ya que, aunque estima que están acreditados y su potencialidad lesiva, no ve responsabilidad penal en los responsables de las distintas administraciones o entidades implicadas.
Tras la instrucción realizada en el juzgado, el ministerio público apunta en primer lugar en su informe a la caótica gestión ambiental de los vertidos de aguas residuales del municipio que se desprende de la documentación aportada por parte de todas las administraciones públicas implicadas.
Así, el representante de Medio Ambiente de la Fiscalía analiza en profundidad todos los informes y dictámenes emitidos por distintos organismos y administraciones, que confirman los vertidos sin depurar y apuntan a posibles daños en la calidad de las aguas y en la fauna, detectándose en esta, elevadas cargas de restos antrópicos, principalmente toallitas y plásticos.
A la vista del resultado de las periciales practicadas, siendo los resultados suficientemente concluyentes para los técnicos intervinientes, de reconocida capacidad científica y técnica, se considera indiscutible la existencia de una posibilidad de daño para el medio ambiente en el vertido continuado de aguas residuales urbanas sin depurar a lo largo de los años.
Se tratarían de nueve toneladas de basuras marinas acumuladas en los puntos de vertido de los emisarios, más la que sin computar en el informe pudieran estar ubicadas en los otros dos puntos. Además, el fiscal concluye que este problema era conocido por todas las administraciones con competencia en la materia desde su inicio.
Asimismo, indica que, a lo largo de los años, al menos desde 2006, se suceden los expedientes sancionadores, constando que algunas sanciones fueron hechas efectivas, pero no la obligación del cese de los vertidos sin autorización, alegando el ayuntamiento que no podían cesar por la inevitable actividad humana y porque no existe estación depuradora.
Se ha tomado declaración como investigados a los que ostentaron cargos de alcaldes, José Alberto Armijo y Rosa Arrabal, o ediles de Medio Ambiente (seis personas) en los últimos diez años, así como a representantes de la empresa de aguas, pero el fiscal analiza también la posible corresponsabilidad de la administración estatal y autonómica, en cuando a su actuación para evitar los vertidos.