La Asociación Stop Impuesto Sucesiones se desvinculó del paro y movilizaciones que circulaba por las redes sociales.
«Huelga general 21 marzo. Prohibición al Impuesto de Sucesiones. No más impuestos abusivos». Este es el texto que circulaba en los últimos días a través de las redes sociales. Nadie lo asumía, nadie lo convocaba. En realidad se trataba de uno de tantos bulos anónimos que viajan y se propagan por las redes sociales.
No es el único. A los pocos días se hizo viral otro mensaje a través de WhatsApp que convocaba para el mismo día, a las 12 de la mañana, una manifestación «en la puerta de los ayuntamientos de todas las ciudades de España» contra el tributo. «Pásalo a todos tus grupos y contactos», arengaba el texto. Tampoco se identificaba el convocante en el enigmático mensaje.
Desde la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, que agrupa a afectados por el tributo en toda Andalucía, negaron rotundamente que estuvieran detrás de cualquiera de estas medidas. El bulo de la huelga, que se había atribuido erróneamente a esta plataforma, les obligo a salir a desmentirlo en las redes sociales.
Su presidente, Juan Carlos Valverde, afirmaba que «una huelga general hace perder millones al país y a los propios trabajadores, es algo demasiado serio para frivolizar con ello». «Nuestra asociación desconoce por completo esa iniciativa que circula por la red y no cuenta con nuestro respaldo».
Aún así, alrededor de un centenar de vecinos se manifestaron ayer a las puertas del Ayuntamiento para exigir la derogación del impuesto de sucesiones.
La alcaldesa, Rosa Arrabal, se reunió con un grupo de ellos y les prometió llevar una moción al pleno para pedir al Gobierno su eliminación.
Los esfuerzos de Stop Impuesto Sucesiones se centran en recabar firmas en favor de eliminar este tributo que consideran injusto y discriminatorio y en ofrecer asesoramiento a afectados, a través de varios bufetes de abogados especializados en transmisiones de herencias.
Además, la plataforma prepara escritos para elevar sendas consultas a la Defensora del Pueblo y a su homólogo en Andalucía sobre la posible vulneración de la Constitución Española. En su artículo 14, la Carta Magna estipula que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».
También baraja llevar el asunto al Defensor del Pueblo Europeo, que indaga en las reclamaciones relativas a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE.
